HISTORIA PARA NO OLVIDAR

Documento histórico

Héctor Salazar y Nancy Guzman

Editorial Catalonia

Chile, 2009

112 páginas

EN JUNIO DE 1976 se celebró en Chile la Sexta Asamblea General de la OEA. A tres años del Golpe, esta era “la” oportunidad que tenía el Regimen de Pinochet para limpiar su imagen. O al menos mejorarla, ante el intenso movimiento de denuncia de los exiliados, la solidaridad internacional y esas imagenes de La Moneda bombardeada o los cuerpos lanzados al río Mapocho, que efectivamente, recorrieron todos los noticiarios del mundo.

La DINA movilizó funcionarios encubiertos, editó un libro que ridiculizaba a Eduardo Frei (padre) y Manuel Contreras seleccionó y entrenó -vaya uno a saber de qué forma- agentes fememinas dispuestas a seducir y grabar en la cama a las visitas internacionales. Visitas como Henry Kissinger, Secretario de Estado de E.E.U.U.

Sin embargo, cinco abogados distribuyeron un documento que denunciaba las torturas, desapariciones y ejecuciones practicadas por la Dictadura. Fue la primera vez que esto se dijo de manera pública.

Y, claro se armó un escándalo que terminó con en el exilio.

LA DENUNCIA. “Observamos que, en cuanto a Chile se refiere, el debate aparece situado ante la opinión mundial, como si se planteara solamente entre dos bandos: uno, que vincula a chilenos residentes en el extranjero, ex partidarios del gobierno de don Salvador Allende, afectados directamente por determinadas medidas coactivas; otro, por el de los chilenos que viven en el país y niegan la existencia de todos los problemas relativos a los derechos humanos. Tales términos, a nuestro juicio, son sólo una parte de la realidad. Estamos convencidos de que una cantidad enorme de ciudadanos, dentro del territorio, conoce a fondo y mejor que nadie la situación y pueden otorgar testimonios concretos, objetivos, indubitables acerca del problema. Los firmantes creemos hallarnos en este grupo”.

Así parte el documento firmado por los abogados Eugenio Velasco Letelier (Ex-Decano de la U de Chile, Ex-Embajador de Chile), Jaime Castillo Velasco (Ex-Ministro de Justicia), Héctor Valenzuela Valderrama (Ex-Presidente de la Cámara de Diputados), Andrés Aylwin Azócar (Ex-Diputado) y Fernando Guzmán Zañartu (Ex-Jefe del Departamento Penal del Comité de Cooperación para la Paz en Chile).

En el texto, incluído íntegro en Historia para no olvidar se denuncia el Estado de Sitio convertido ya en una situación permanente al arbitrio de los organismos de seguridad que lo utilizan para arrestar y trasladar a detenidos, quienes carecen de cualquier derecho. También se acusa “la conversión de los servicios de inteligencia en policía secreta, irresponsable y omnipotente”. Y, por supuesto, las reclusiones clandestinas, torturas y la forma en que el Gobierno de la época negaba todo.

LAS REACCIONES. Cómo relata en el prólogo José Miguel Inzulza, el Colegio de Abogados en lugar de defenderlos apoyaron la versión de normalidad y recontrucción “democrática” del Gobierno Militar. “Ningún abogado ni particular ha hecho presente a este organizmo por la vía de la denuncia o la acusación o de la simple información de la existencia de lugares desconocidos o secretos en donde hubiera algunas personas detenidas”, aseguraban en una declaración del 10 de junio de 1976.

La Corte Suprema, por su parte, aseguró haberse enterado de esta denuncia por los medios, para luego hacerse la desentendida de las denuncias y sus facultades para proteger a los detenidos por el Regimen. De hecho, con respecto a la incomunicación de prisioneros por el famoso Estado de Sitio señalan: “la autoridad administrativa correspondiente ha negado en sus informes que esa medida de incomunicación sea efectiva”.

Los autores explican que precisamente la Corte Suprema fue participante activa en el cerco tendido al Allende, partiendo por la negación del desafuero al Senador del Partido Democracia Radical, Raúl Morales Adriazola, acusado de haber participado en la conspiración que terminó en el asesinato del General René Schneider.

Jaime Guzmán, obviamente desacreditó la denuncia de los cinco abogados vía TVN. Curiosamente en la transcripción no hay ningún argumento que niegue las torturas, sino más bien se intenta tachar de antipatriotas a los abogados. También se pronunció Ricardo Claro (“están perfectamente individualizados esos traidores”) y el actual presidente de RN Carlos Larraín, asegurando que acá no pasa nada. A su vez, los abogados intentan responder. La denuncia empieza a lograr su cometido, aunque el precio es alto: Eugenio Velasco fue detenido en plena calle, Jaime Castillo fue capturado en su propia oficina. Fueron metidos en un avión hacia Buenos Aires, sin documentos ni dinero. Contituían “un peligro para la seguridad interior del Estado”

OTRO SECRETO HISTÓRICO. Esta denuncia, con aires de gesta épica, es otra historia desconocida -tal como las gestiones de Harald Edelstam por llevar chilenos a Suecia- y que ha sido “ignorada” por la prensa nacional. Nancy Guzmán -periodista ganadora el 2000 del premio Planeta de periodismo investigativo por Romo, confesiones de un torturador- y Héctor Salazar -abogado y activo participante en procesos de defensa de los Derechos Humanos- se meten en las patas de los caballos y documentan la primera denuncia pública hecha en el país al gobierno de Pinochet. El escándalo está documentado, gracias a una labor de “desempolvamiento” de encendidas declaraciones que negaban lo innegable.

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